Hace varios días se conoció que la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía ha abierto de oficio un expediente de queja pidiendo a la Diputación de Sevilla que revise su sistema de precios de las entradas para visitar el conjunto monumental de San Luis de los Franceses, del que es titular. La institución que lidera Jesús Maeztu pretende tener más información en torno al sistema por el que se ha dispuesto una bonificación en las entradas para quienes estén empadronados en Sevilla. Según lo acordado, los tiques para «sevillanos» serán de solo un euro, mientras que la entrada general se ha establecido en cuatro.
A pesar de tratarse de una rebaja muy usual en todos los monumentos del mundo, ya que los residentes en la ciudad en cuestión tienen importantes descuentos o directamente la gratuidad en la entrada, la Oficina del Defensor considera que este tipo de bonificaciones no tiene suficiente sustento legal. Al menos, en el caso de San Luis. De ahí que haya requerido a la Administración que es titular del monumento a que informe de la base jurídica usada para aplicar este descuento en las entradas y amplíe la información al respecto del mismo, ya que, según se apunta en el expediente, no existe marco legal alguno que lo ampare. El Defensor apuntaba que había tenido conocimiento, por medio de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla del 7 de agosto, del anuncio por el que se aprueba la ordenanza reguladora de las tasas por visitas en el conjunto monumental, las cuales generan dudas legales.
En este sentido, el ente dirigido por Maeztu ha enviado a la Diputación las referencias al respecto de este ámbito de todas las normativas que pudieran aplicarse, desde la mismísima Constitución Española al Estatuto de Autonomía de Andalucía o la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Y en ninguna de ellas se incluye «ninguna referencia en la normativa a criterios diferentes, como es el tener la consideración de local, estar o no empadronado, o ser o no residente en el municipio o provincia». Por ello, el Defensor entiende «oportuno» tener más información sobre la aplicación de las tasas y de las bonificaciones.
La cuestión es que ese mismo criterio por el que se pone en duda la base legal de la reducción de precios es del todo aplicable al resto de monumentos de la ciudad que presentan un precio distinto para los empadronados, como se admite desde la institución regional. Eso sí, desde la Oficina del Defensor se entiende que cada caso debe ser analizado y revisado de manera individual y que «las conclusiones que se extraigan con respecto a San Luis no tienen por qué servir para los demás monumentos». Según se apuntaba, no existe un único criterio sino que depende de la personalidad jurídica que ostente el titular de cada recinto y el tipo de tasa o precio público del que se trate», si bien el asunto podría ser extrapolable al resto por los mismos motivos que se dan en San Luis. Esta situación se da también en las entradas de la Catedral-El Salvador, las del Alcázar, las de las visitas al Ayuntamiento, las del Museo de la Cerámica, las del Antiquarium y las del mirador de Las Setas.
